Un total de siete municipios de la provincia de Almería entre los que se hallan Adra, Albox, Berja, Huércal-Overa, Macael, Tíjola y Laujar de Andarax pondrán fin durante el año 2011 a su plan económico-financiero con el que pretenden retomar la estabilidad en las arcas municipales. Se trata de las primeras localidades almerienses, junto con Antas -que concluyó su plan en 2010-, que pusieron en marcha un plan de saneamiento desde el inicio de la crisis económica.
Fuentes del Gobierno andaluz han precisado que estos municipios comunicaron durante 2008 su intención de realizar un plan de saneamiento que tiene una duración máxima de tres años. Estos municipios no tuvieron que esperar al beneplácito de la Dirección General de Relaciones con los Ayuntamientos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sino que, al ser localidades de menos de 75.000 habitantes, solo les es necesario aprobar dichos planes en sus plenos.
No obstante, las corporaciones locales tienen la obligación de transmitir a la Junta de Andalucía si su plan de saneamiento implica un endeudamiento por parte de la Administración local. Igualmente, tienen el deber de poner en conocimiento su plan de saneamiento aquellos municipios de más de 75.000 habitantes, las capitales de provincia y la Diputación Provincial, esta última en caso de que existe endeudamiento.
Así, los municipios de Olula del Río, Pulpí y Bayarcal llegan en 2011 al ecuador de su plan de estabilidad presupuestaria al igual que la Diputación Provincial de Almería, cuyos informes señalan que se cumple esta "vuelta a la estabilidad por encima de lo previsto", de forma que con la amortización de 2011 se espera llegar a un porcentaje de endeudamiento de en torno al 80 por ciento, mientras que, cuando se comenzó, se estaba en el 108 por ciento.
Durante el presente año, algunos municipios como Abla, Gádor o Níjar también han aprobado un plan de saneamiento, mientras que el Ayuntamiento de El Ejido continúa a la espera de que la Junta de Andalucía de 'luz verde' a su propuesta después de haber presentado hasta en tres ocasiones distintos tipos de documentación requeridos por la Administración.
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